El Congreso de los Diputados ha aprobado, a instancia del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, que el CGPJ provea de una “formación específica a Jueces, Magistrados y alumnos de la escuela judicial sobre el fenómeno de la violencia de género”. Asimismo, la Cámara ha dado su apoyo a una segunda propuesta del Grupo Vasco por la que se insta a “extender la competencia del Observatorio Contra la Violencia de Género a todos los ámbitos de la violencia intrafamiliar, debido al aumento de las agresiones de niños a jóvenes a sus progenitores, a personas mayores convivientes, etc”.

En total, han sido aprobadas cinco resoluciones que el Grupo Vasco presentó a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia referidas al año 2012.

Además de las ya citadas, los Grupos han apoyado la solicitud de EAJ-PNV para “analizar las razones por las que existe un volumen tan desproporcionado de sentencias no ejecutadas” y a “buscar fórmulas alternativas a las judiciales para la resolución de conflictos, como por ejemplo la mediación o el arbitraje, que liberen a los órganos judiciales de la alta carga de trabajo que soportan y agilizar el colapso.

Por último, ha sido aprobada una propuesta de resolución del Grupo Vasco por la que “se respetarán los principios de igualdad, mérito y capacidad en el nombramiento de altos cargos de la carrera judicial”.

Emilio Olabarria, portavoz de Justicia del Grupo Vasco, se ha felicitado por las propuestas aprobadas, pero ha lamentado que “otras muy importantes, como la configuración de los Consejos Autonómicos del Poder Judicial, no se afronten” y ha pedido que “se mantengan”, por razones demográficas y territoriales, “las demarcaciones judiciales ahora existentes porque”, ha dicho, “la concentración en la capital de las provincias no es razonable ni pertinente”. Además, ha apostado por la “elaboración de un mapa lingüístico identificando las zonas en las que el volumen de población bilingüe exija reconocer como requisito para el acceso a la función jurisdiccional el conocimiento de las lenguas cooficiales”.

Por último, el Diputado jeltzale ha criticado la vigente ley de tasas porque “vulnera la tutela judicial efectiva” y ha añadido que “el descenso de la litigiosidad por falta de recursos económicos constituye una injusticia”. También ha denunciado que “las tasas judiciales no han cumplido aún el fin para el que fueron creadas: la financiación de la justicia gratuita, a la que todavía no se ha destinado ni un solo euro de los más de 300 millones recaudados”.